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El Gobierno de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Educación y Cultura, prepara una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que supondrá la imposición de un canon digital a las universidades españolas.

Según la normativa en ciernes, las universidades deberán pagar por los extractos, capítulos de libros, artículos o similares que pongan a disposición de los alumnos como material de estudio "a través de las redes internas y cerradas", es decir, los campus virtuales que hoy todas utilizan.

El concepto que justifique el cobro será el de "reproducción parcial" de obras sometidas a derechos de autor. El encargado de gestionar ese dinero será el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), en definitiva, la SGAE de los libros.

Peaje privado al open access

La imposición de este canon viene contemplada en los tres borradores de reforma de la LPI que han hecho públicos, consecutivamente, la Asociación de Internautas (AI, que difundió el primero de ellos) y el Instituto Ibercrea, del que forman parte tanto Cedro como la SGAE y que ha divulgado dos textos.

En concreto, la modificación afecta al apartado 2 del artículo 32. Según el mismo, los autores de los textos originales "tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros educativos una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión".

Cedro exige una compensación de 5 euros por alumno y año en concepto de copias digitalesSi la normativa se sometiese a aprobación tal cual, una entidad privada como Cedro se enriquecería con el material digital educativo, académico y científico (open access) de las universidades, que son, a su vez, el mayor polo de creación de contenidos de investigación y divulgación del país. Sería, según los expertos consultados, la mercantilización y apropiación del procomún.

Además, la reforma se realizaría ad hoc a favor de las entidades de gestión, ya que la cuestión se haya judicializada. Cedro ha denunciado a la Universidad Autónoma de Barcelona, la Central (también de la Ciudad Condal) y a la Carlos III de Madrid por los materiales distribuidos en sus campus virtuales y exige una tarifa plana de 5 euros por alumno y año, algo a lo que los centros se niegan.

De aplicarse en todos los centros públicos y privados, las universidades deberían costear anualmente unos 7,4 millones de euros al año (5,9 en el primer caso, por acumular el 80% de los alumnos, y 1,48 en el segundo).

Además, implicaría un doble pago. Por un lado, las instituciones ya pagan licencias por las obras que consultan en soporte electrónico, según la Red de Bibiotecas Universitarias (Rebiun).  Por otro, podría darse el caso de que un profesor publique libremente en una editorial no asociada con Cedro que le cede los derechos de reproducción digital, pero que Cedro reclamase después el dinero a la universidad.

Las universidades ya pagan, por otro lado, 6,10 millones anuales por las fotocopias de libros.

Ilegal, como el canon

La reforma de la LPI ha puesto en pie de guerra a la Conferencia de Rectores (Crue).

El abogado que las asesora, el experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva, estima que este nuevo canon está fuera de la directiva europea 2001/29/CE de Derechos de Autor de la Sociedad de la Información —el paraguas legal por el que debe regirse la LPI española—, como ya lo estaba el canon digital sobre la música y el cine anulado por Europa.

Queremos facilitar el uso, pero asegurando que se remunera a editores y autores"La normativa no contempla ningún tipo de canon por copia digital similar al que Cedro defiende. El Gobierno quiere aprobar algo ilegal, esperar a que alguien lo recurra y que las universidades estén pagando durante 10 años, como ocurrió con el primer canon. El dinero cobrado irregularmente, por cierto, no fue devuelto nunca", explica el letrado.

Para Cedro, sin embargo, el canon es totalmente legal y pertinente. "Somos conscientes de que la universidad necesita usar abundantes textos con derechos de autor. Queremos facilitar el uso, pero asegurando que se remunera a los editores y a los autores por este uso secundario de su trabajo, que es una sobreexplotación de la obra", argumenta su abogado, Javier Díaz Olarte.

Acerca de la irrenunciabilidad del derecho a cobrar del autor, el representante de Cedro deja esa posibilidad en manos del legislador, aunque ello le beneficia directamente. "El Gobierno lo considera así y será quien lo justifique. De cualquier forma, hablamos de un proyecto de reforma y de borradores. No hay nada cierto aún", apunta Díaz Olarte.