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El borrador del anteproyecto del Código Procesal Penal, que sustituirá a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que elaboró una comisión de expertos a petición del Ministerio de Justicia, incluye la posibilidad de utilizar software para controlar de forma remota un ordenador o cualquier dispositivo electrónico durante la investigación de un delito de especial gravedad.

Así lo reflejaba el texto difundido el pasado mes de febrero por el Ministerio en sus artículos 350, 351 y 352. El diario El País amplía este miércoles la información destacando que esta medida afectaría también a tabletas y teléfonos inteligentes y que, en definitiva, supone la instalación de troyanos o programas espía, algo que hoy solo está permitido en Alemania y en casos de terrorismo.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes que esto son solo "propuestas sometidas a debate público" y que hasta el mes de octubre, cuando se elabore el anteproyecto final, "todo lo que hay, es un debate público".

El articulado del borrador explica que será el Tribunal de Garantías el encargado de autorizar, a petición del Ministerio Fiscal, este tipo de intervenciones. Las actuaciones constituirán pieza separada y serán secretas durante un máximo de diez días.

En concreto, "la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos".

La medida, dice el documento, deberá resultar "proporcionada" y ser "necesaria" para encontrar al autor del delito, conocer su identidad o esclarecer los hechos que se investigan. Será un juez el que mediante resolución motivada tenga que autorizar la intervención, que solo podrá realizarse si los datos están "almacenados en un sistema informático o en una parte del mismo situado en territorio sobre el que se extienda la jurisdicción española".

El texto detalla, además, que "los proveedores de acceso o servicios telemáticos y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro" estarán obligados a colaborar en la investigación. Igual que "cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia".

Según publicó el pasado 2011 el semanario Der Spiegel, el departamento federal aleman de Investigaciones de lo Criminal (BKA) recurrió en un año al menos en siete ocasiones a troyanos para seguir los pasos de militantes islamistas; también lo hicieron el departamento de Protección de la Constitución (servicios secretos de Interior), la policía fronteriza o las autoridades de los lander.