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Gravar con un nuevo impuesto a fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y televisiones con conexión a internet es la principal propuesta de un informe encargado por el Gobierno francés para desarrollar nuevas herramientas que contribuyan a financiar los contenidos culturales.

Francia pretende adaptar el espíritu de los ochenta 

El llamado Informe Lescure, recibido por el Gobierno francés, busca actualizar el concepto de "excepción cultural", nacido en los años ochenta para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen parte de sus beneficios a la creación cultural.

La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a la época de la piratería digital y de los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple. Se trata de que quienes fabrican y comercializan los aparatos que puedan reproducir texto, vídeo o audio aporten un canon digital destinado a reforzar la industria cultural francesa.

El texto, redactado a petición del presidente de Francia, François Hollande, por el expresidente del Grupo Canal +, Pierre Lescure, es el resultado de nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés.

La ministra francesa de Cultura, Aurélie Filippetti, señaló tras recibir el estudio que esa tasa sería "extremadamente pequeña" y servirá para alimentar "una especie de cuenta de apoyo a las industrias creativas: la música, el cine, la fotografía y el videojuego, que crean empleo en Francia".

Cambio en el sistema antipiratería

El estudio, de quinientas páginas, propone también modificar el sistema antipiratería digital vigente en Francia, de forma que ningún usuario llegue a verse privado de su conexión a internet. "Para los internautas, hay que señalar que no habrá más cortes de internet decididos por un juez", porque supone un "atentado grave contra una libertad (la del acceso a internet) reconocida por el Consejo Constitucional", declaró Filippetti a la prensa. El informe plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión.