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La autoridad francesa para la protección de datos personales, CNIL, ha anunciado este viernes que ha puesto en marcha un proceso sancionador contra Google al no adaptarse a los requerimientos que le había hecho junto a otros países europeos sobre sus nuevas reglas de confidencialidad.

Francia exigía a Google que aclarase las finalidades para las que recoge los datos personales de los usuarios de sus servicios La CNIL había dado el pasado 20 de junio un plazo de tres meses para que Google que ajustara ese nuevo dispositivo tal y como le demandaba, señaló en un comunicado que la compañía estadounidense "no ha efectuado las modificaciones pedidas".

"En este contexto, la presidenta de la CNIL va a designar a un ponente para iniciar un procedimiento formal de sanción" en virtud de la legislación francesa, que contempla multas de hasta 150.000 euros.

En el último día del plazo, el gigante estadounidense le respondió, pero para poner en duda el razonamiento de este organismo público y, en concreto, cuestionar la aplicación de la ley Informática y Libertad a los servicios de Google utilizados por residentes en Francia.

Tras el análisis realizado por las autoridades europeas de protección de datos, reunidas en el G29, del dispositivo de confidencialidad que Google aplica desde marzo de 2012, la CNIL le presentó una serie de exigencias de modificación.

Se trataba, en primer lugar, de que definiera las finalidades "determinadas y explícitas" de los datos personales que recoge de los internautas que recurren a su buscador o a otras aplicaciones y que les informara. También reclamaba un acuerdo previo de esos usuarios antes de la instalación de los cookies que sirven para seguirles la pista y obtener informaciones acerca de sus usos.

Google tenía que fijar un tiempo máximo de conservación de los datos de carácter personal, no proceder a explotarlos de forma combinada sin una base legal y llevar a cabo un "trato leal" de los datos de "usuarios pasivos". Para obligar al gigante estadounidense a cumplir con la normativa europea, la CNIL y sus equivalentes de Alemania, España, Holanda, Italia y Reino Unido decidieron en abril aplicar las disposiciones "represivas" en vigor en sus respectivos países.