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El Parlamento Europeo (PE) ha respaldado una nueva directiva sobre ciberseguridad, que contempla penas más estrictas para los autores de delitos cibernéticos y el espionaje industrial entre empresas.

La nueva directiva, que ha sido aprobada por 541 votos a favor, 91 en contra y 9 abstenciones, será adoptada en los próximos meses por el Consejo, mientras que posteriormente los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tendrán un plazo de dos años para trasponer la norma a su legislación nacional.

La Eurocámara también establece sanciones penales para las empresas que contraten los servicios de un pirata informático Asimismo, la directiva tiene como objetivo facilitar la prevención e impulsar la cooperación policial y judicial en este ámbito, motivo por el que los Veintiocho acordaron un plazo máximo de 8 horas para responder a la información solicitada, en caso de que producirse un ciberataque.

La Eurocámara responde así a la petición de la Comisión de Libertades Civiles del PE, que el pasado 6 de junio aprobó un informe en el que se pedía una estrategia común en la UE para luchar contra los ataques cibernéticos con penas más duras para los responsables de estas acciones.

En concreto, el texto aprobado contempla una pena máxima de dos años de cárcel contra el acceso ilegal a sistemas de información y bases de datos, así como por interceptar comunicaciones o producir y vender los instrumentos para cometer estos delitos.

Por otro lado, la nueva directiva establece otros tres años de cárcel a aquellos que usen botnets (controladores remotos de ordenadores) para cometer actividades ilícitas.

Mientras, los ataques contra instalaciones energéticas, redes de transporte o páginas web gubernamentales irán acompañados de una pena mayor, que podría alcanzar hasta cinco años de cárcel.

La Eurocámara también establece sanciones penales para las empresas que contraten los servicios de un pirata informático para acceder a la base de datos de la competencia, contemplando incluso el cierre de sus establecimientos o el fin de las subvenciones públicas.