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El gigante Google va a participar este martes 26 de febrero en una vista en Luxemburgo para defender el derecho a la información en su buscador. Se trata de una vista que busca determinar la postura de la justicia europea en relación a los casos en que se pide a Google que deje de indexar contenidos en los que figura información de usuarios que no quieren que se facilite su difusión.

En los últimos años Google ha tenido que hacer frente a peticiones de retirada de contenidos de su buscador por personas que han entendido que se estaban cometiendo irregularidades contra la ley de protección de datos y el derecho al olvido. Se trata de casos en los que, por ejemplo, se muestra como resultado de búsqueda de un nombre una entrada en el Boletín Oficial del Estado en el que se impone una multa o sanción a dicha persona. De la misma manera, en otros casos las personas que hacen la petición a Google pretenden evitar la difusión de una noticia publicada por un medio en donde su nombre aparece.

El choque entre las dos posturas ha motivado encuentros en los tribunales por un total de 180 casos Desde Google han mantenido siempre una postura unánime ante este tipo de peticiones. La compañía ha defendido que su buscador no es responsable de dichos contenidos y solo se limita a indexarlos con el consentimiento de los editores de la información. Por este motivo, Google ha manifestado que son los editores de las informaciones los responsables de su retirada.

La postura de Google ha chocado con la mantenida por algunos usuarios y organizaciones, como la Agencia Española de Protección de Datos, y han defendido la obligación de Google y otros buscadores de responder positivamente a sus peticiones de retirada. "La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) viene amparando los derechos de oposición y de cancelación de datos personales de ciudadanos frente a buscadores en Internet cuando la difusión indiscriminada y universal de la información personal que llevan a cabo no está justificada por carecer de relevancia pública y comporta un perjuicio grave o una lesión para los derechos del afectado", han explicado desde la agencia.

El choque entre las dos posturas ha motivado encuentros en los tribunales por un total de 180 casos. Desde Google han explicado que este "choque" solo se ha producido en España, siendo así este conflicto una cuestión que únicamente se está produciendo en el país.

Las acciones legales por la petición de retirada de contenidos ha motivado que la cuestión se lleve a la Audiencia Nacional, donde se espera que se produzca una decisión sobre el problema. Desde la Audiencia Nacional se ha decidido consultar a la justicia de la Unión Europea con el objetivo de comprobar si se está aplicando la legislación conforme al derecho europeo. Se ha enviado un caso representativo para la valoración por parte de la justicia europea.

De esta manera, está fijada una vista en Luxemburgo para este martes 26 de febrero en la que las distintas partes, entre ellas Google, expondrán sus argumentos, a fin de que el abogado general de Justicia de la Unión Europea emita una valoración sobre el caso. Dicha valoración será vinculante y tendrá que ser tomada en cuenta por la Audiencia Nacional de España. Tras la vista pasará un tiempo hasta que se emita la decisión del abogado general y el caso finalice, pero se trata de un evento importante.

Derecho a la información contra derecho al olvido

Desde Google han explicado que mantendrán la postura que han defendido desde el principio en este tipo de conflictos. La compañía ha explicado que los argumentos contrarios a su postura defendidos por la Agencia de Protección de Datos se basan en la defensa del denominado derecho al olvido, que busca garantizar que los usuarios puedan eliminar su presencia en Internet.

La definición exacta de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el derecho al olvido es la siguiente: "El derecho al olvido hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. Incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando, aunque la publicación original sea legítima, la difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores y que causa una lesión a los derechos de las personas".

Google mantendrá la postura que ha defendido desde el principio en este tipo de conflictos Bajo esta definición, la AEPD considera que Google no respeta dicho derecho. Por su parte, en Google han manifestado que están totalmente de acuerdo con el derecho al olvido pero consideran que las peticiones formuladas no tienen nada que ver con el mismo. En concreto, Google ha explicado que la información que se ha solicitado retirar en los 180 casos afectados depende de editores ajenos a la compañía, que son los responsables de la información. Así, en Google han mantenido que es un caso de derecho a la información y no de derecho al olvido.

Desde Google han recordado que en algunos casos similares producidos anteriormente, los afectados se han puesto en contacto con los editores, que han decidido mantener la información en sus páginas pero eliminar la opción para su indexación. En los casos llevados a juicio, Google ha utilizado como ejemplos de solución esos acuerdos y ha mantenido que son los editores los responsables de la información, no el buscador, y por lo tanto la decisión sobre la distribución y acceso a los contenidos depende de los editores.

Estos argumentos son los que Google va a plantear a la justicia europea con el objetivo de determinar el enfoque correcto para tratar este tipo de cuestiones.